Todos lo hemos visto en la televisión: metes un dato en el ordenador y aparecen en la pantalla direcciones, teléfonos y hasta fotos de la primera comunión…
Lo peor de esta base de datos no es que los detectives no tengamos acceso a ella o que no exista, lo peor es que muchos clientes sí están convencidos de que existe y que les intentamos tomar el pelo al decirles que no.
El país de la LOPD
Vivimos en un país donde la LOPD está, en la práctica, casi por encima de la Constitución, no por ser absoluta sino por las enormes y absurdas cantidades que suponen sus posibles sanciones. Por mucho que la jurisprudencia haya dicho por activa y por pasiva que ningún derecho es absoluto la gente y las empresas prefieren, ante la duda, proteger los datos que conocen debido al terror que suscita una sanción.
Hemos llegado al extremo en que fuentes de información públicas, como el Registro de propiedad o la delegación de tráfico, te someten a un interrogatorio (aquí sí que te piden datos y eso no parece molestarles) para acceder a datos que deberían ser de libre acceso.
Los que sois detectives como nosotros sabréis de qué hablo, ¿habéis pedido últimamente alguna nota simple en el registro de propiedad referente a una propiedad en una urbanización privada? A nosotros nos han llegado a pedir para dárnosla los datos del propietario, dirección, y tomo libro folio, es decir, todos los datos que les constan.
El derecho a molestar
Todo empezó ya con la absurda norma de que cualquier fulano es libre de llamarte por teléfono 40 veces al día pero tú no tienes derecho a saber quién te llama si no consigues que un juez, y solo en caso de que recibas amenazas, lo considere oportuno.
El derecho al anonimato al molestar está, en la práctica, por encima del derecho a no ser molestado. ¿Ocurrirá esto en los países civilizados o sólo en España? La verdad es que no me voy a poner a investigarlo, casi prefiero no saberlo.
Resulta también que tienes que informar a los usuarios de tu web que dicha página lleva “cookies” (aunque ni tú tengas claro qué narices son), no vaya a ser que se moleste, pero a ese mismo usuario puedes llamarle 40 veces cada noche para llamarle “guapo” por teléfono y no pasa nada.
Ya para ir acabando, y por si alguno aún no lo tiene claro, indemnizar a unos hijos por haber asesinado a su padre te puede salir por unos 70.000€ u 80.000€, mientras que las sanciones muy graves de la LOPD (o de seguridad privada, otros que tal) pueden llegar a los 600.000€. Eso sí, para cobrar por el asesinato tendrás que ir a 20.000 juicios y esperar años y años, para que te “enchufen una sanción” de 600.000€ no pasarás por delante de un juez.
En realidad el problema de España es siempre el mismo, o nos quedamos cortos o nos pasamos, ese término medio al que se lleva con la reflexión y con el conocimiento profundo de la materia que se legisla, aquí no existe y no se le espera.
El menos común de los sentidos
Los detectives privados, y la sociedad en general, deberíamos levantar la voz para pedir un poco de cordura institucional, el mínimo sentido común con el que se debería legislar en cualquier país.
No pueden estar siempre los derechos de quien pretende ocultar algo por encima de los derechos de los afectados por sus actos. Cualquiera pensaría que nuestros políticos priorizan el ocultar frente al sacar a la luz.
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